Responsabilidades derivadas del Covid-19 en el ámbito sanitario

Crisis sanitaria

Es indudable que estamos viviendo una situación sin precedente alguno en la historia de nuestro país. Situación de emergencia del todo excepcional sobre todo en el ámbito sanitario. Es esta área la que se ha visto afectada en cuanto a su gestión pública y privada, en lo que a la prestación del servicio se refiere.

Se han tomado medidas drásticas que han supuesto una notable alteración del normal funcionamiento del sistema sanitario de nuestro país y ello ha traído como consecuencia la aparición de diversos tipos de responsabilidades tanto por parte del colectivo sanitario en el ejercicio de sus funciones, como por parte de los propios poderes públicos de los que emanaron esas órdenes de actuación de las que todos hemos sido conocedores.  

En este artículo vamos a focalizarlos en la responsabilidad de los propios profesionales sanitarios, analizando las diversas modalidades de responsabilidad. En primer lugar, es preciso apuntar que estos profesionales se integran dentro de todo un sistema sanitario, el cual funciona como una organización, ya sea de carácter público o privado y como toda organización, está supeditada a una serie de pautas de funcionamiento y gestión de la prestación objeto de la misma.   

Así, sin ánimo de desviarnos, cabe apuntar que debemos hablar de una responsabilidad del propio sistema en sí y de los poderes públicos centrales conformados en el Ministerio de Sanidad, que en esta situación de emergencia, ha asumido las competencia en materia sanitaria de forma centralizada a consecuencia de la declaración del estado de alarma. 

Jurídicamente este hecho ha traído consigo que el  vínculo entre el personal sanitario y el paciente en cuestión, se haya visto alterado de forma notable, en la medida en que el profesional se ha visto instado de forma repentina a adaptarse a las carencias estructurales, materiales y de medios de este sistema sanitario por lo que la responsabilidad podría repercutir sobre el propio Estado Español, en la medida en que no ha garantizado la existencia de las infraestructuras y medios básicos para que todos estos profesionales puedan desempeñar sus funciones en la debida forma.  

Responsabilidad exigible por los profesionales sanitarios 

Esa centralización de competencia sanitaria sobre el Ministerio de Sanidad, a consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19, ha supuesto que toda la infraestructura, medios materiales y personal sanitario hayan pasado a estar bajo el control de dicho organismo con la finalidad de paliar y controlar la propagación de la pandemia. 

Se ha producido una asunción, legalmente obligatoria, por parte del Sector Público de la responsabilidad de dirigir la gestión del sistema sanitario público y privado, así como la reacción de la población en sí frente a la pandemia instaurando una serie de medidas de obligado cumplimiento. 

Esa centralización de poder de decisión sobre la gestión y organización de medios frente a la pandemia, a través del Ministerio de Sanidad, conlleva que aquellos afectados por la concurrencia de daños y perjuicios derivados de la actuación de los profesionales sanitarios en ejecución de las medidas que se han visto obligados a cumplir, deben ejercitar las acciones de responsabilidad pertinentes contra el propio Estado en virtud del artículo 106.1 de la Constitución. En dicho precepto se contempla el derecho de los particulares a ser indemnizados cuando vean lesionados sus bienes y derechos a consecuencia del funcionamiento de los servicios de carácter público.  

Así, a consecuencia de la decisión estatal de articular conjuntamente las diversas instituciones públicas, a fin de combatir la pandemia y a través de los organismos sanitarios tanto públicos como privados, entramos dentro de la aplicación del artículo 106.2 de la Constitución del que se deriva que es el Estado el que deberá responder por las lesiones que en bienes o derechos, provoque la organización y el funcionamiento de los servicios públicos en este caso, para controlar la pandemia ocasionada por el Covid-19.  

Es innegable la existencia de una clara precariedad de los medios de protección para los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones frente al Covid-19. Cabe por tanto afirmar que estos profesionales podrían haber sido víctimas y por tanto perjudicados por las actuaciones y decisiones adoptadas en el marco operativo del Sistema Sanitario Estatal, y en consecuencia, estarían legitimados para ejercitar las pertinentes acciones de responsabilidad por tales daños y perjuicios sufridos. 

Lo anterior no deja de ser una visión de carácter general desligada de aquellos supuestos dolosos y específicos en los que pudieran participar de forma activa los profesionales sanitarios y de los que indudablemente puede derivarse una asunción de responsabilidad por su parte. Así, cabe afirmar desde un punto de vista general, que las actuaciones de los profesionales sanitarios en esta crisis del Covid-19 y teniendo en cuenta sus especialísimas circunstancias, difícilmente pudieran haber incurrido en algún tipo de responsabilidad penal directa.  

Jurídicamente encontramos la fundamentación de las acciones de responsabilidad administrativa a consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por los servicios sanitarios prestados en el marco de la pandemia del Covid-19, en el artículo 106. 2 de la Constitución y en los artículos 65, 81, 91, 92 y 96.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En definitiva, los profesionales sanitarios que hayan sufrido de forma directa daños y perjuicios derivados de su actuación en el marco de esta pandemia, y a raíz de las medidas emanadas del Ministerio de Sanidad y organismos públicos sanitarios de las distintas Comunidades Autónomas, podrán ejercitar las acciones de responsabilidad pertinentes para ver resarcidos esos daños personales ocasionados. 

Le ayudamos

Si como profesional sanitario se ha visto incurso en un procedimiento de responsabilidad por su actuación frente al Covid-19 o si por el contrario ha sufrido daños y perjuicios a consecuencia de la misma, siendo sanitario o paciente, nuestro despacho está preparado para poder ayudarle en la defensa de sus intereses, ofreciéndole un servicio serio y de calidad.

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