Familia y Sucesiones

Defensa jurídica sólida en procedimientos penales y delitos económicos.

Ortega & Suárez

El área de Familia y Sucesiones aborda decisiones con un impacto directo en la esfera personal y patrimonial, la organización de la convivencia, la protección de menores y la ordenación de la herencia. Nuestro enfoque busca aportar seguridad jurídica y claridad en escenarios sensibles, priorizando soluciones estables (acuerdos y planificación) y, cuando resulte inevitable, articulando la defensa técnica de los derechos e intereses del cliente.

  • Separación y divorcio. Diseño y documentación de acuerdos (convenio regulador) y acompañamiento en todas las decisiones patrimoniales y personales asociadas a la ruptura.
  • Medidas paternofiliales. Guarda y custodia, régimen de estancias y comunicaciones, patria potestad, pensión de alimentos, cargas familiares y gastos extraordinarios, con una propuesta estructurada y ejecutable.
  • Modificación de medidas y gestión de incidencias. Revisión de medidas por cambios relevantes de circunstancias y preparación de acuerdos/documentación para prevenir conflicto y asegurar cumplimiento.
  • Régimen económico matrimonial y liquidación. Capitulaciones, gananciales/separación de bienes, inventario y liquidación, incluyendo extinción de condominio/proindiviso cuando exista patrimonio inmobiliario común.
  • Parejas de hecho y relaciones de convivencia. Pactos de convivencia, ordenación de aportaciones y reglas de salida, con especial atención a vivienda y cargas comunes.
  • Herencias y sucesiones. Planificación sucesoria (testamento y previsión de escenarios), aceptación/repudiación, declaración de herederos, partición y adjudicación, coordinando la documentación notarial necesaria.
  • Herencias conflictivas. Prevención y gestión de controversias entre herederos (legítimas, colación, administración del caudal) e impugnación de disposiciones cuando proceda, orientando la estrategia a proteger derechos y evitar bloqueos patrimoniales.
  • Sucesiones internacionales. Determinación de jurisdicción y ley aplicable, y utilización —cuando sea útil— de instrumentos como el Certificado Sucesorio Europeo para facilitar la acreditación de la condición de heredero en otros Estados miembros.
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